La Ley de Partidos ha tenido unas consecuencias negativas para la convivencia y el respeto a las libertades democráticas. Ha dejado fuera de las instituciones a una parte importante de la sociedad vasca, a la Izquierda Abertzale representada por Batasuna, consagrando una situación de exclusión por la que muchos ciudadanos han visto recortado su derecho al sufragio activo y pasivo. Ahora, la propuesta de reforma de la Ley Electoral aprobada ayer en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados da una nueva vuelta de tuerca a esta realidad.
Esta propuesta de reforma llega en un momento nuevo y diferente. Ezker Abertzalea está desarrollando una nueva estrategia para conseguir sus objetivos políticos basada en los medios exclusivamente pacíficos, democráticos y políticos. Ha manifestado públicamente que la vuelta a la violencia tras el fracaso del último proceso de paz fue un error y ha emplazado a ETA a responder de manera constructiva al llamamiento realizado por los líderes internacionales en la Declaración de Bruselas para que declare un alto el fuego permanente y verificable. Completando esta nueva estrategia, Ezker Abertzalea y Eusko Alkartasuna firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar conjuntamente su proyecto independentista. Estos pasos pueden ser una contribución decisiva a conseguir una paz duradera y estable.
La propuesta de reforma es una respuesta del pasado a los retos del futuro. Su única pretensión es añadir más dificultades para que la sensibilidad política representada por Ezker Abertzalea no pueda estar presente en las próximas elecciones de 2011. El PSOE y el PP, en vez de proponer medidas que puedan facilitar y contribuir a lograr una convivencia sin amenazas ni exclusiones, añaden nuevos obstáculos. Hasta ahora han argumentado la necesidad de promulgar la Ley de Partidos para impedir la actividad de dicho sector político porque no condenaba la violencia de ETA. Entonces, ¿para qué hacen falta nuevas reformas? Esta propuesta sólo está pensada para responder a la siguiente situación: que Ezker Abertzalea rechace la violencia. Ante esa posibilidad quieren instalar un sistema de vigilancia continua cuyo resultado será una sospecha permanente sobre cualquier electo de Ezker Abertzalea.
Esta propuesta de reforma es un nuevo recorte de derechos y, mirando al futuro, un error grave. En el pasado proceso de paz de 2006 la ilegalización de Batasuna fue uno de los principales obstáculos para un diálogo transparente y resolutivo. Ahora que puede surgir una nueva oportunidad, el reto está en cómo legalizar a Ezker Abertzalea, en primer lugar, para restaurar los derechos recortados y, en segundo lugar, para que pueda ser un agente activo que aporte en el camino de la paz.