Una vez que se ha conocido la resolución del Tribunal Constitucional que deja fuera de las elecciones a las plataformas de ASB y a parte de las candidaturas de ANV, Lokarri, Red ciudadana por el acuerdo y la consulta, quiere mostrar su rechazo más enérgico a dicha decisión, ya que supone dejar sin derecho a la participación en los asuntos públicos y sin libertad de opción política o de expresión electoral a una parte de la sociedad vasca, derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la propia Constitución española.
Por otro lado, el principio del pluralismo y de igualdad de oportunidades para participar en la vida política se ve seriamente dañado. El resultado práctico de esta vulneración de derechos y libertades fundamentales es que una parte de la sociedad vasca no se verá suficientemente representada en las instituciones. Esta situación no es nueva, ya que se repite, aunque con algunas diferencias, lo ocurrido en las elecciones municipales de 2003. Se insiste en el mismo error cuando durante estos cuatro años hemos podido comprobar las graves consecuencias que ha generado toda la dinámica de exclusión e ilegalización.
Esta realidad contrasta con la existencia de una mayoría social que apuesta por el respeto de todos los derechos humanos y libertades democráticas básicas de toda las personas. La sociedad vasca ha reiterado en numerosas ocasiones su voluntad de construir nuestro futuro sin ningún tipo de exclusión porque el objetivo de alcanzar una convivencia pacífica y democrática exige la participación de todas las tradiciones sociopolíticas. Este proceso de ilegalización de candidaturas vulnera nuevamente dicha voluntad mayoritaria de nuestra sociedad.
Desde el punto de vista político, asistimos con preocupación a una situación en la que el proceso de paz no avanza y se encuentra bloqueado y en la que, además, se repiten los mismos errores que en el pasado. Esta realidad nos aboca a una vuelta al pasado de violencia, exclusión y ausencia de diálogo cuando la mayoría de la sociedad apuesta por el fin de la violencia, el diálogo sin exclusiones y el acuerdo plural. Esta decisión del Tribunal Constitucional es un nuevo obstáculo para avanzar hacia la paz y la normalización. En estas circunstancias, es urgente clarificar, con voluntad y responsabilidad, qué pasos unilaterales se van a llevar a cabo para volver a crear las condiciones para reanudar el proceso de paz tras las elecciones municipales del 27 de mayo.
En ningún caso la sociedad vasca va a aceptar una vuelta al pasado. El deseo mayoritario de la sociedad vasca de iniciar, desarrollar y culminar un proceso de paz, basado en los principios de fin de la violencia, respeto a los derechos humanos, diálogo sin exclusiones y acuerdo plural, debe ser escuchado. En este sentido, Lokarri, propone que se convoque una consulta popular en la que la sociedad tenga la oportunidad de decir "sí" al proceso de paz y deslegitimar a todos aquellos que siguen apostando por la violencia, la exclusión, la imposición o la negación del diálogo.
11 de mayo de 2007